La vulneración de los derechos humanos en Chile es un tema peliagudo y muy doloroso. Está arraigado en el recuerdo de los días más oscuros de la historia reciente del país. Es por eso que la presencia de militares en las calles y el toque de queda han generado repudio, y los consiguientes abusos de poder ya están ocupando a los representantes del Gobierno de Sebastián Piñera.

Hasta ahora, el Gobierno habla de 18 muertos y 4.214 detenidos en los últimos cinco días de manifestaciones. Pero fuera de las cifras oficiales, las denuncias y videos que muestran abusos y disparos injustificados por parte de Carabineros y de los militares circulan profusamente por Twitter y Facebook, dejando constancia de que algo no marcha dentro de lo normal. Parte de esos hechos se ha materializado en denuncias interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Lo delicado de la situación ha forzado al Gobierno a referirse a la represión y, hasta el momento, lo ha hecho a través de Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, quien abordó la tarde de este miércoles (23.10.2019) lo referido a violaciones de derechos humanos durante los últimos días, e indicó que frente a las denuncias de apremios ilegítimos y agresiones sexuales "la institucionalidad está funcionando. Veo un INDH que presenta denuncias, un Ministerio Público abierto a investigarlas. Tenemos que dejar que las instituciones funcionen a fin de poder clarificar la dimensión de la denuncia y la responsabilidad, en el caso que así sea”. Además, agregó que "el estado de excepción que estamos viviendo no justifica ni apremios, ni abusos, ni menos fallecimiento de personas por la violencia de distintos agentes del Estado".

Las víctimas más vulnerables

A pesar de las palabras y buenas intenciones de los secretarios de gobierno, las instituciones de DD.HH han denunciado obstáculos en su trabajo tanto en medio de las manifestaciones como en sus visitas a cárceles y hospitales. Así lo deja en claro Bárbara Sepúlveda, abogada de derechos humanos y directora de Abofem (Asociación de Abogadas Feministas), quien relata que "hemos constatado que los detenidos en las manifestaciones permanecen en recintos donde no se les permite comunicarse con los abogados ni con sus familiares”.

Por su parte, Patricia Muñoz, representante de la Defensoría de la Niñez, cuenta a DW que "en estos días hemos tenido que verificar directamente los casos de niños y adolescentes que, en el contexto del ejercicio de la fuerza policial, terminan siendo heridos, particularmente con perdigones en su cuerpo. Desde ahí hemos informado cada caso al INHD para que estos hechos no queden impunes”.

Según la información de la Defensoría de la Niñez, hay 15 casos de menores de edad heridos hasta la fecha. Sus edades fluctúan entre "los 9 y 18 años, lo que agrava el hecho de que se mantenga el toque de queda, ya que estamos presenciando situaciones de abuso que deben ser detenidas a la brevedad, porque así como debemos condenar enérgicamente hechos delictuales, debemos condenar con más razón cuando un agente del Estado, representado en un policía o un militar, abusa de su poder y provoca daños, lesiones, tortura y muerte en la ciudadanía”, dice Muñoz.

El lado más feo de la represión

Luego de seis días de revueltas, el INDH cifra en cinco las personas fallecidas por acción militar y de Carabineros, ante lo cual ha interpuesto las denuncias correspondientes ante la Justicia. Además, hasta el 22 de octubre cuenta 269 heridos, de los que 137 presentan lesiones por arma de fuego. En su informe, el INDH detalla que han recibido denuncias por desnudamiento, tortura, abusos sexuales contra mujeres, disparo contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes y demoras en los traslados a las comisarías.

Una de las últimas denuncias que escandalizó al país es la instalación de un supuesto centro de tortura al interior de la estación del metro Baquedano, ubicado en el epicentro de las concentraciones ciudadanas que tienen lugar en Santiago. Según Nicolás Luer, un joven denunciante, en el subsuelo fue torturado y vio a otras personas en su misma condición. La denuncia llegó al INHD, que se hizo presente en el lugar con los jueces Daniel Urrutia y Darwin Bratti. El caso está siendo investigado por las autoridades, aunque los jueces que acudieron al lugar detallaron que no encontraron indicios de lo relatado.

Según el director del INHD, Sergio Micco, "hay ocho querellas, que hoy (23.10.2019) aumentaron a 22. Yo creo que en las próximas horas van a ser más, las otras acciones corresponden a amparos”. El funcionario se reunió la tarde de este miércoles con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el presidente Sebastián Piñera en la Moneda. Por su parte, Rodrigo Bustos, encargado de la unidad jurídica del INDH, indicó que "las redes sociales han permitido a la opinión pública conocer violaciones a los derechos humanos, y hay otros casos que no son verdaderos. Por eso hay que ser cuidadosos”.

Oposición pide observadores de la ONU

Ante las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de orden, la bancada del Partido Comunista ha enviado una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En ella detallan "la gravedad de los hechos de violencia y vulneración de derechos fundamentales cometidas por las Fuerzas Armadas y de Orden”.

La diputada socialista Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, se refirió a esta solicitud, explicando a DW que "recién estamos conociendo los nombres de las personas que han fallecido, las circunstancias no las conocemos absolutamente. ¿Qué pasa con las miles de personas detenidas, con los heridos? Por esta razón, creo que es importante tener observadores de derechos humanos aquí en Chile. Y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establezca en Chile para que apoye la labor del INDH, que ha estado denunciando lo que está ocurriendo. No podemos dejar que estos hechos queden en la impunidad”. (jov)

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