Conmoción causa el caso de una niña paraguaya de 10 años que fue violada y presenta un embarazo de más de veinte semanas. Su padrastro, el presunto violador, está prófugo y su madre fue arrestada por incumplimiento del deber de cuidado y posible complicidad en el abuso sexual. Aparte del trauma generado por el acto de violencia sexual del que fue objeto, la vida de la víctima se encuentra en peligro; su embarazo es de alto riesgo debido a su corta edad.

“Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente y movilizado a sus activistas en todo el mundo para pedirle al Estado paraguayo que proteja la vida de la niña”, explica María José Garcete, de la sección paraguaya de dicha organización de derechos humanos. En concreto, AI demandó que una comisión interdisciplinaria analizara el caso. “Esa junta se constituyó este jueves (7.5.2015). Ahora exigimos que a la niña se le haga una inspección integral lo antes posible y que se garanticen todos sus derechos, particularmente su derecho a la vida y a la integridad tanto física como psicológica”, indica Garcete.

Trauma sobre trauma

Este caso y otro similar ocurrido recientemente han puesto en primer plano el tema del abuso sexual de menores, el del embarazo precoz y el de las restrictivas leyes que regulan la práctica del aborto en Paraguay. “Hasta la fecha, el Estado no se ha asegurado de que se consideren todas las opciones viables –incluida la opción de un aborto seguro– para que la víctima sobreviva a este embarazo de alto riesgo. Hace ya cuatro días que la madre solicitó la interrupción del embarazo de su hija debido a su edad y al peligro que éste representa para su salud”, señala el capítulo paraguayo de Amnistía Internacional en su sitio web.

En ese país sudamericano, el aborto está permitido cuando la vida de la madre se ve amenazada por el embarazo; pero la normativa paraguaya no toma en cuenta la variedad de los riesgos ni la gravedad de las secuelas que un embarazo puede traer consigo cuando es producto de una violación. En el caso de las niñas que son objeto de violencia sexual, las consecuencias son incalculables, asegura Wolfgang Eckart, director del Instituto de Historia y Ética de la Medicina, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg.

“Una violación es un hecho traumático que no sólo lesiona el cuerpo, sino también el alma. Tras semejante hecho de violencia, hay un alto riesgo para la salud de las víctimas y éste es mucho mayor cuando se ha producido un embarazo. Las probabilidades de que esas jóvenes intenten suicidarse o sufran graves depresiones son muy grandes. En casos como esos, cualquiera que prohíba de antemano la posibilidad de llevar a cabo un aborto le está provocando un segundo trauma a la víctima”, sostiene Eckart.

Leyes y derechos

El experto de Heidelberg conoce de cerca los debates que han tenido lugar en Chile, El Salvador y otros países latinoamericanos en torno a la regulación del aborto. Eckart critica duramente las legislaciones que prohíben la interrupción del embarazo incluso en casos de violación. “Considero que es una situación legal que contraviene los derechos de la mujer”, dice el especialista, subrayando que la intransigencia en esta materia “pone en peligro la vida de la persona afectada”. A sus ojos, la decisión de dificultar el acceso a un aborto seguro obliga a muchas mujeres a asumir riesgos innecesarios y evitables.

Eckart explica que no son pocas las mujeres que se ponen en manos de personas que realizan abortos ilegalmente, sin estar cualificadas para ello. A su juicio, esa situación legal se debe a la influencia de un conservadurismo católico radical e inimaginable hoy día en los países de Europa Central. “En una situación de emergencia, no hay ningún país europeo en que no se pueda practicar un aborto”, señala Eckart.

Al abordar el caso de la niña paraguaya de 10 años, Amnistía Internacional no se pronuncia ni a favor ni en contra de la práctica del aborto. “No somos una organización médica. Confiamos en que los profesionales de la salud tomarán la mejor decisión; pero esa decisión debe tener como prioridad la vida de la niña, su salud, su integridad tanto física como mental”, sostiene María José Garcete.