El profesor finlandés de derecho internacional Martin Scheinin, relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos, critica en su informe, entre otros, a China, Rusia, Pakistán, Argelia y Marruecos. Entre las democracias occidentales se menciona, además de a Alemania, Gran Bretaña y a otros miembros de la UE, ante todo a los EE.UU. por las prácticas de combate antiterrorista introducidas desde 2001 por el gobierno del ex presidente George W. Bush.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Scheinin remarcó que el informe es el primer documento de la ONU que se ocupa críticamente del rol de los servicios secretos en la lucha contra el terrorismo.

“Este informe se dedica por primera vez a la tarea de los servicios secretos, tema sensible y difícil a la vez, pero extremadamente importante, ya que los servicios secretos operan y determinan en gran parte todas las medidas para combatir el terrorismo”, dice Scheinin.

“Sin control por parte del estado"

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, dichos servicios se han hecho cargo, en casi todos los países miembros de la ONU, tanto en el interior como en el extranjero, de tareas que anteriormente estaban reservadas a la policía y las instancias de investigación fiscal. Entre esas tareas se cuentan la recolección de datos e informaciones personales, así como informes sobre la vigilancia, detención, encarcelamiento e interrogatorio de personas.

Todas estas medidas son una intrusión, en parte grave, en la esfera privada y en otras libertades individuales básicas, cuya protección está regulada por el llamado “pacto civil” de la ONU de 1966, además de por otros tratados vinculantes internacionales de derechos humanos.

Pero en casi ningún país, reclama el relator especial de ONU, se ha regulado la transmisión a los servicios secretos de dominios y derechos de intromisión de gran alcance, y tampoco se han observado las normas de derechos humanos ni los criterios del Estado de derecho. Casi en todos los países mencionados, los funcionarios de servicios secretos nunca fueron sometidos, durante sus actividades de lucha antiterrorista, a ningún tipo de control por parte del Gobierno, del Parlamento ni de la Justicia, y, en el caso de haber sido controladosdichos controles fueron siempre absolutamente insuficientes.

Según Scheinin, “hay problemas especialmente porque los servicios secretos en muchos países conforman un Estado en sí mismos, dentro del Estado. Se administran a ellos mismos y están sujetos a controles y supervisiones limitados. Esto lleva, en muchos casos, a que los gobiernos nieguen o encubran sus prácticas, contrarias a los derechos humanos, sosteniendo que no tenían conocimiento de ellas”.

A esto se suman los casos en los cuales existen leyes o regulaciones nacionales o regulaciones que transgreden claramente los acuerdos internacionales. El relator especial de la ONU critica expresamente en este contexto a los EE.UU., pero también a Rusia, Argelia, Marruecos, así como a los países centroasiáticos Uzbekistán, Kirguistán, y Tayikistán.

Cooperación internacional debe someterse a las leyes

Especialmente crítico es Martin Scheinin con la cooperación internacional de los servicios secretos en el combate contra el terrorismo, que casi nunca es registrada a través de las disposiciones nacionales existentes.

“Los mecanismos de control nacionales fallan a menudo allí donde hay intercambio internacional de informaciones entre los servicios secretos. Así, sigue existiendo el problema de la transmisión de información obtenida por medio de torturas”, explica Scheinin.

El relator especial de la ONU dice en su informe que no sólo los servicios secretos violan los derechos humanos, sino también los servicios secretos de otros países que utilizan las informaciones conseguidas de ese modo. La responsabilidad política de estas contravenciones está en manos de los gobiernos correspondientes, agrega.

El relator especial exige a los Estados miembros de la ONU regular los campos de acción de los servicios secretos en la lucha contra el terrorismo por medio de leyes claras y bajo la observancia de estrictas normas internacionales de derechos humanos, y someter a los servicios a un control sistemático por parte del Gobierno, del Parlamento y de la Justicia.

Para ello sería necesario implementar un recurso de queja efectivo en caso de sospecha de transgresiones a la ley, la puesta en práctica de la protección de datos, así como el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a los derechos humanos en la cooperación internacional de los servicios secretos.

Autor: Andreas Zumach
Editor: Pablo Kummetz