Este 11 de mayo, el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul, cumple 10 años. Este aniversario llega en un momento problemático para las mujeres en Europa. En años recientes, movimientos ultraconservadores intentaron minar los derechos de las mujeres en el continente. La pandemia de COVID-19 complicó más esa situación. El progreso en cuanto a equidad de género en el ámbito laboral se ha invertido, y los obstáculos para acceder a la salud sexual y reproductiva se han multiplicado.

El Convenio de Estambul representa un instrumento único a disposición de los países europeos para poder revertir esa situación. Al establecer que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, socava todo tipo de caracterización de esta como un asunto privado o familiar. Ya sea violencia doméstica, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual, violencia psicológica, persecución, esterilización forzada o aborto forzado, la Convención de Estambul obliga a los Estados europeos a enfrentar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres de modo amplio y abarcador.

La prevención de la violencia es el primer paso

La Convención provee un enfoque centrado en la víctima, diseñado para aumentar la seguridad de las mujeres, previniendo la violencia, protegiendo a las víctimas y colocando la responsabilidad en los perpetradores. Muy importante es que subraya que, para lograr una prevención eficaz de la violencia contra las mujeres, se requiere que los Estados mejoren la equidad de género atacando problemas como las profundas desigualdades y estereotipos concernientes a los roles de mujeres y hombres en la sociedad.

La implementación de la Convención de Estambul ya ha dado resultados positivos. Condujo a un incremento del número de refugios para víctimas de violencia en Albania, Finlandia, Montenegro, Portugal y Turquía. También se han establecido servicios especiales de apoyo para víctimas de violencia sexual en Austria, Dinamarca, Finlandia, Portugal y, recientemente, en España.

Algunos países -incluyendo Austria, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Malta, Portugal y Suecia- enmendaron su legislación sobre violencia sexual y violación para acercarla a los estándares de la Convención de Estambul, estableciendo que la falta de consentimiento por parte de la víctima debe ser un elemento constituyente de tales delitos, en lugar del uso de la fuerza o amenazas por parte del perpetrador. Otra formas de violencia contra las mujeres, como la persecución o acecho (stalking), son penalizados en Albania, Portugal y Montenegro.

La implementación de la Convención también condujo a un mejor entrenamiento de los policías y del personal judicial en lo referente a la violencia motivada por el género, y a una persecución más efectiva de la violencia contra las mujeres.

Leyes nacionales no van lo suficientemente lejos

Si bien la pandemia ha actuado como un cristal de aumento para las lagunas preexistentes en las políticas para abordar la violencia contra las mujeres, también ha destacado el papel crucial que desempeñan algunas de las medidas adoptadas hasta ahora para implementar el Convenio de Estambul. Varios Estados que habían hecho de la eliminación de la violencia contra la mujer un objetivo político importante, pudieron en el contexto de los confinamientos priorizar acciones para brindar seguridad y apoyo a las víctimas de la violencia, por ejemplo, a través de nuevos mecanismos de alerta.

A pesar de los beneficios que demostró tener el Convenio de Estambul para los derechos de la mujer, tergiversaciones de este siguen siendo difundidas por quienes se oponen a la ratificación.

Con el pretexto de defender los valores y las tradiciones familiares, a menudo esconden una agenda misógina y homofóbica. A esos opositores, vale la pena repetirles: no es un tratado de lucha contra la violencia doméstica lo que destruye a las familias, sino la violencia doméstica en sí.

Otros argumentan que la ratificación de un instrumento internacional no es necesaria porque los países ya tienen leyes nacionales que brindan suficiente protección contra la violencia doméstica. Ese argumento también fue utilizado cuando Turquía se retiró de la Convención en una medida lamentable, el pasado abril.

Ese argumento falaz oculta el hecho de que las leyes nacionales existentes son mucho menos abarcadoras que el Convenio de Estambul, tanto en lo que respecta a las formas de violencia contra las mujeres que cubren dichas leyes, como a las medidas que los Estados del Convenio necesitan adoptar para implementarlo. Además, la Convención de Estambul prevé que un grupo independiente de expertos internacionales evalúe la implementación por parte de cada uno de los países, así como una obligación de cooperación entre todos los Estados miembros.

La implementación del Convenio de Estambul salva vidas. Los Estados tienen el deber moral y legal de no fallarles a las mujeres y niñas. Deben ratificar y seguir aplicando el Convenio de Estambul. No hay argumentos convincentes para no hacerlo.

(cp/ers)