“Las violencias hay que nombrarlas para poder actuar sobre ellas”, dice a DW Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas(OGAT). 
Este observatorio, considerado ilegal por el Gobierno de Cuba, habla en un informe de 250 feminicidios en el país entre 2019 y 2024. Aunque la sede del observatorio está en España, una red de colaboradoras independientes y la organización “Yo sí te creo” se encargan de registrar y verificar los casos.

Ante una nueva ronda de diálogos oficiales entre la Unión Europea y Cuba, en el marco del Acuerdo de Diálogo y Cooperación, Ileana Álvarez hace hincapié en la necesidad de poner sobre la mesa la violencia de género en la isla.

"Negacionismo" con la violencia de género

Concretamente, cuestiona que, hasta el momento, el feminicidio no esté incorporado en el Código Penal, con lo cual  no hay posibilidad de juzgar al perpetrador. También que no haya refugios para mujeres víctimas de violencia machista y que no haya centros de atención integral para las víctimas y sus hijos.

“Hay que tener en cuenta que Cuba ha sido negacionista con la violencia de género. La negaba, pues uno de los supuestos logros de la Revolución es precisamente la igualdad de género y la ausencia de violencia sexual. Pero sabemos que esta es estructural y Cuba no ha escapado al machismo de la sociedad patriarcal. Los feminicidios existen y hay responsabilidad estatal en ello”, sigue Álvarez, que fundó Alas Tensas en 2016 y está exiliada en Madrid desde 2018.

En su opinión, en la agenda del diálogo entre Bruselas y La Habana debería estar la cooperación para una Ley Integral contra la Violencia de Género, “con participación de la sociedad civil, pero no de la sociedad civil paraestatal”, recalca Álvarez.

La organización interlocutora oficial para estos temas es la Federación de Mujeres Cubanas y las cifras de “femicidios” -violencia de género sin responsabilidad estatal- comienzan apenas en 2023. “No obstante, no hay transparencia en cuanto a de dónde provienen esas cifras”, subraya la directora de Alas Tensas.

Para muestra, un botón

En un reciente informe (octubre 2024) elaborado por La Coalición -un colectivo de organizaciones integrado, entre otras, por Cubalex y la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia-, se afirma que, especialmente las mujeres que migran hacia La Habana, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.

En un muestreo de 70 mujeres, el 74,29 por ciento declaró haber vivido violencia alguna vez. En el 41,43 por ciento de los casos, el victimario es miembro de la Policía, en un 40 por ciento la pareja.

¿Hasta qué puntos son indicativos estos porcentajes, basados en 70 mujeres, en una Cuba con diez millones de habitantes y un 50 por ciento de población femenina?

“Somos organizaciones de una sociedad civil estigmatizada. Aunque los encuestadores hicieron preguntas básicas -como si tiene casa o ha sido reprimida-, hicieron su trabajo en situación de riesgo. El informe de La Coalición se concentró en mujeres que han migrado a La Habana desde zonas rurales”, informa a DW Laritza Diversent, directora de Cubalex, que opera desde Estados Unidos.

Según el informe de La Coalición, las mujeres que han migrado desde zonas rurales, por decreto no tienen derecho a una vivienda legal en la capital y se ven excluidas de salud, educación y programas sociales.

Con todo, el Gobierno de La Habana defiende sus avances en la protección de la mujer: han modernizado el código de familia, subiendo la edad de matrimonio a los 18 años  y se ha puesto fin a la figura legal de “peligrosidad predelictiva”, es decir, ser imputado por un delito que aún no se ha cometido.

“El cambio es en el papel”, acota Laritza Diversent. “En la práctica existe ahora la figura de la 'desobediencia' y la Policía tiene potestad discrecional para determinarla y puede enviar a una persona a la cárcel por tres años”, explica Laritza Diversent.

En el caso de las mujeres migrantes, la “desobediencia” puede decretarse por ausencia de un registro de vivienda en La Habana o por haber sido encontrada cerca de los centros turísticos bajo sospecha de prostitución. A pesar de que esta no está prohibida en Cuba, oficialmente no está bien vista y se entiende como “asedio al turista”.

“En este contexto, hemos detectado casos de extorsión por parte de la misma Policía. Así, aunque en el código de familia se habla de violencia de género, esta se enmarca en el contexto familiar. Queda fuera toda violencia que se ejerce en espacios fuera de la familia donde sí hay responsabilidad del Estado”, apunta Laritza Diversent. 

¿Esperanza en el diálogo?

Con informes presentados este mes ante la Convención para la Eliminación de Todas Las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), tanto Alas Tensas como La Coalición esperan una inclusión de estos temas en el próximo diálogo entre Bruselas y La Habana.

“Esperamos que se haga presión por la igualdad de derechos para las mujeres migrantes”, afirma Laritza Diversent. “Hay que cuestionar claramente el bloqueo de una Ley Integral contra la Violencia de Género y también por qué en ese diálogo no pueden estar las organizaciones de la sociedad civil que pueden apoyar a mejorar la protección de las mujeres”, concluye Ileana Álvarez. (ms)