La violencia contra la mujer no entiende de fronteras. Según datos de la ONU, en América Latina y el Caribe se cometen 19 feminicidios cada día. Guatemala, pese su pequeño tamaño, es uno de los países de la región donde la violencia de género cobra más vidas. DW habló a este respecto con Mildred Flores Barrios, coordinadora de la Fiscalía de la Mujer guatemalteca, que se hallaba en Madrid para participar en una conferencia organizada por la Casa de América con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

DW: ¿Es Guatemala un mal país para ser mujer?

Yo creo que cada uno debe hablar de su propia experiencia. Estoy orgullosa de ser guatemalteca, de ser mujer y de haber nacido mujer en mi país. Pero claro que es difícil ser mujer en Guatemala, eso lo muestran los alarmantes números de víctimas de la violencia de género. Hoy amanecí con la noticia de que en España había sido asesinada la víctima número cuarenta este año. En Guatemala estamos contabilizando ya 260 mujeres asesinadas y es un país con solo 15 millones de habitantes. Pero no solo es difícil ser mujer en Guatemala, lo es en todo el mundo, porque la violencia de género es mundial.

Las activistas denuncian un clima de impunidad que perpetúa esta forma de violencia. ¿Cree que pervive esta impunidad?

Hemos hecho varias acciones afirmativas. En el año 2008 se aprobó una ley que tipifica el delito de feminicidio, así como el de violencia sexual o el de violencia económica, entre otras formas de violencia contra la mujer. En esa ley se regulan juzgados y tribunales especializados para esos delitos. El machismo y el patriarcado están enraizados en el país, sí, pero hablar de impunidad... Fíjense, en 2008, antes de la ley, no había sentencias de violencia contra la mujer, mientras que hoy por hoy estamos concluyendo el año con más de 2.000 sentencias. Impunidad siempre va a haber en relación a la totalidad de los casos. Pero algo estamos haciendo, aunque sean pasos pequeñitos.

¿Cree usted que falla algo en la implementación de las leyes?

La interpretación de los tipos penales queda en gran medida en manos de quien juzga. Para nosotros puede ser violencia contra la mujer, pero para el juez puede ser un delito de lesiones. Más que implementación, yo creo que lo que hace falta es capacitación y formación en materia de género. Hay que entender la espiral de violencia en la que ha vivido la víctima, el riesgo que la va a acompañar siempre, etcétera. Nunca debemos cansarnos de seguir capacitando y formando. Así es como se cambian las mentalidades.

¿Puede la ley cambiar una cultura patriarcal que legitima la violencia contra las mujeres?

La ley por sí misma, no. La ley es un instrumento normativo para que los juristas pongamos a disposición de los órganos jurisdiccionales a quien comete ese tipo de delito. No se garantiza que después de esa sentencia condenatoria esa persona vaya a cambiar. Es un tema que viene de casa, de cómo se educa a niños y niñas, de cómo garantizar ese respeto mutuo a los derechos humanos.

¿Ha llegado la sociedad guatemalteca a concienciarse a este respecto?

El movimiento feminista en Guatemala tuvo mucho que ver en la aprobación de una ley contra la violencia de género. Ahora hay más conciencia, ya se habla más del tema. Muchas mujeres hay muerto para que hoy podamos estar hablando de esto. Las organizaciones de mujeres han hecho su labor y ahora ya no podemos retroceder. La población en Guatemala despertó de esa impunidad.

¿Cuáles son los principales obstáculos que afrontan hoy en día las mujeres guatemaltecas a la hora de acceder a la justicia?

El acceso a la justicia es el gran reto de Guatemala. Se han hecho muchas cosas, por ejemplo turnos nocturnos en la Fiscalía de la Mujer, pues muchas veces estas situaciones ocurren de noche. Sin embargo, los recursos económicos para movilizarse son un desafío. E incluso si ellas deciden denunciar, muchas veces ocurre que no están empoderadas y dependen del marido. Él es el proveedor. En la Fiscalía es eso lo que nos sucede: a los quince días, si no es al día siguiente, están retirando la denuncia porque ya no desean continuar. Aunque nosotros seguimos persiguiendo de oficio, aun cuando ellas desisten.

En el caso de las mujeres indígenas, otro de los obstáculos es el idioma. Muchas de ellas no hablan español. No obstante, se han dado pasos en este sentido: para el año próximo tenemos un proyecto de intérpretes a distancia. Con todos los dialectos que hay en Guatemala, evitamos tener a la víctima esperando durante todo el tiempo que puede tardar el intérprete en desplazarse.

Usted ha venido a hablar de la cooperación entre países como España y las instituciones guatemaltecas en esta temática. En su opinión, ¿hace Europa lo suficiente?

España, como Europa en general, ha sido un aliado. La Unión Europea, por ejemplo, recientemente aprobó una donación para mi país. Todavía no sé cuál es el monto, pero es una donación fuerte. Que un país invierta en otro país ya es un gran paso. Más que decir si es suficiente o no, es de agradecer. Y si lo hacen es porque les preocupa, pues la violencia contra la mujer no es un problema exclusivo de Centroamérica, sino que afecta a todo el mundo.

Enrique Anarte, desde Madrid