Tras dos días de violentos ataques de pandillas contra cárceles y la Policía de Guatemala, que dejaron ocho policías muertos y diez heridos, el Gobierno de Bernardo Arévalo decretó, el domingo 18 de enero de 2026, el estado de sitio por 30 días y tres días de luto nacional.

Arévalo dijo que empleará "toda la fuerza del Estado" contra grupos criminales que tomaron tres centros penitenciarios y luego arremetieron contra la Policía Nacional Civil, que trataba de frenar los motines.

En entrevista con CNN, este martes, el presidente guatemalteco señaló que el Ministerio Público (Fiscalía General) de Guatemala, dirigido por la fiscal Consuelo Porras, no ha presentado los cargos que corresponderían "contra dos personas detenidas por su presunta participación en la reciente ola de violencia" en ese país centroamericano, sino que "pidió que se los consignara solo por portación de armas y narcomenudeo".

"Nosotros le estamos plantando cara al crimen transnacional", afirmó el presidente Arévalo, y agregó: "No es una lucha fácil, es una lucha muy complicada".

"Estructuras criminales bien organizadas"

¿Quiénes son y cómo actúan estos grupos criminales? "Son estructuras criminales bien organizadas, que operan en distintos puntos del país y en la Ciudad de Guatemala, la capital más grande de Centroamérica. Operan en puntos estratégicos conocidos como zonas rojas", dice a DW Marvin Del Cid, periodista de investigación guatemalteco, responsable del medio digital Vox Populi, junto a su colega Sonny Figueroa. Ambos han publicado en conjunto tres libros denunciando redes de corrupción política en Guatemala.

"Desde las cárceles guatemaltecas dan órdenes para asesinar y extorsionar", explica. Con la extorsión a pequeños y grandes negocios en Guatemala, "financian la compra de armas, de voluntades, de abogados, y corrompen a funcionarios judiciales", agrega.

A eso se suma el hacinamiento extremo en las cárceles guatemaltecas. Según InSight Crime, en noviembre de 2023 había 23.361 personas en cárceles de Guatemala, a pesar de que el sistema tiene una capacidad máxima de 8.539 reclusos, lo que representa una superpoblación del 293 %.

"Si bien las medidas de línea dura pueden frenar la actividad de las pandillas en el corto plazo, son difíciles de sostener y generalmente no logran abordar los factores estructurales que alimentan la violencia de las pandillas, en particular, la pobreza y la exclusión social", señala Alex Papadovassilakis, investigador principal de InSight Crime en Centroamérica, en entrevista con DW.

Los motines actuales en las prisiones también tienen que ver con medidas clave introducidas por el Gobierno de Bernardo Arévalo desde 2024 para poner freno a las redes criminales, señala Del Cid: "Cuando estos grupos son trasladados y aislados, pierden el control de lo que les da rédito, se sienten acorralados y reaccionan violentamente. Lejos de cambiar o reorientarse para poder volverse a insertar en la sociedad, los presos viven en escuelas del crimen controladas por ellos mismos".

Por su parte, Papadovassilakis considera que "Arévalo es conocido por su moderación, por lo que esto parece una medida de último recurso, tras el fracaso de sus políticas anticrimen para frenar el resurgimiento de la actividad pandillera. Además, cualquier estado de emergencia debe ser aprobado por el Congreso, y la oposición podría bloquear prórrogas si no funciona".

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, citado por la agencia EFE, dijo que "no pactará" con la pandilla Barrio 18, cuyo líder, Aldo Ochoa, encabezó el motín el sábado en la prisión Renovación I, en el departamento de Escuintla, al sur de la Ciudad de Guatemala, exigiendo su traslado a otra prisión, además de diversas comodidades. Según las autoridades, se recuperó "el control total dentro de la instalación". "Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado", declaró Villeda.

"El nuevo ministro de Gobernación es un juez muy reconocido en Guatemala, que ha luchado ya anteriormente contra la corrupción", explica Marvin Del Cid. "Si bien no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, al Estado le falta mucha más voluntad y usar su fuerza coercitiva para erradicar a estos grupos criminales", indica, refiriéndose principalmente a la MS-13 y a Barrio 18. A su juicio, "los esfuerzos aún no son suficientes".

"Mucha gente pide mano dura": el desafío de preservar la democracia

"Mucha gente está desesperada y está pidiendo mano dura, aplaude la presencia de militares en las calles, sobre todo, en las zonas más vulnerables, donde las pandillas o maras tienen el control del territorio, porque se hace difícil vivir en un país donde la gente que sale a trabajar se enfrenta día a día con la violencia en la calle, con altos índices de criminalidad", cuenta Marvin Del Cid. Y recalca que a estos grupos criminales se los debe combatir "quitándoles sus fuentes de financiación, desarticulándolos con un trabajo de inteligencia, pero tratando de evitar vulnerar los derechos humanos del resto de la población".

Sin embargo, advierte, "siempre es preocupante que se declare el estado de sitio en un país como Guatemala, con una historia de represión y violación a los derechos humanos". Y menciona el caso de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele aplica medidas para frenar a las pandillas "que tienen consecuencias negativas, como la supresión de las garantías constitucionales, donde mucha gente ha tenido que exiliarse, periodistas y líderes de organizaciones civiles".

Bajo la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. y la UE como parte de lo que los guatemaltecos denominan el "Pacto de Corruptos", la lucha contra la corrupción se ha venido debilitando. ¿Cómo podría el Gobierno de Arévalo preservar la democracia y el Estado de derecho y, al mismo tiempo, combatir el crimen organizado y la corrupción dentro del Gobierno? "Tendría que combinar una vigilancia policial más eficaz con garantías que aseguren el debido proceso para los arrestados en redadas y establecer mecanismos de supervisión sólidos para prevenir abusos policiales", evalúa Papadovassilakis.

"Aplicando la ley de orden público, nombrando a funcionarios presidiales honestos, pero también con un trabajo de inteligencia que ayude a encarcelar a los principales líderes pandilleros, eso sería fundamental", pondera Del Cid.

Lo que juega en contra de lograrlo es que "la corrupción está enraizada en el sector público y en el sector privado; es una cuestión cultural", a juicio del periodista de investigación. "Se le debería cortar el chorro a la corrupción, con acciones preventivas, denunciando a los responsables, para que el dinero de la corrupción se use en la seguridad, en educación, para el bolsillo de los ciudadanos, y no salga del país, como lo hace ahora".

El gran problema es que "nos estamos enfrentando a un sistema judicial que, lejos de seguir con los procesos contra los corruptos, lo que está haciendo es beneficiarlos", denuncia.

"Los estados de excepción se conciben como medidas temporales, pero al extenderse indefinidamente, inevitablemente erosionan las libertades civiles básicas", insiste Alex Papadovassilakis, apuntando también al caso de El Salvador." Reanudar la lucha contra la corrupción, mientras tanto, dependerá en gran medida de si Arévalo logra nombrar un fiscal general inflexible para revertir el legado de Porras".

(rml)