Se anuncian nuevas movilizaciones en Colombia y, a la vez, el Gobierno promete el "máximo despliegue" de la Fuerza Pública. Las oscilantes cifras de desaparecidos, detenidos, heridos y muertos, son alarmantes. Así que los augurios no son buenos. 

"El panorama es doloroso. Hemos registrado esta noche en Yumbo brutalidad policial con los civiles. Quienes hemos estado asistiendo en derechos humanos hemos detectado capturas irregulares por parte de la fuerza pública, sin ser legalizadas de debida forma. También hemos detectado secuestros, por parte de fuerzas civiles que no sabemos quiénes son, pero que actúan con aquiescencia de la fuerza pública. Hay también tres personas presuntamente asesinadas después de haber sido retenidas o desaparecidas", explica a DW César Santoyo, director del Colectivo Jurídico Orlando Fals Bord, especializado en desapariciones forzadas.

En busca de justicia en La Haya

La organización de Santoyo, junto con otras plataformas de derechos humanos, han llevado la denuncia de los hechos de violencia en el marco de la movilización social en Colombia  hasta la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. 

"Consideramos que hay pruebas suficientes, hemos ilustrado los excesos metodológicamente. Estamos ante delitos de lesa humanidad y la ruptura del Estado social de derecho. Hay necesidad de una visita para que la CPI pueda iniciar la indagación de estos crímenes y determinar la presunta responsabilidad de la fuerza pública, como la que pueda tener tanto el presidente como el ministro de Defensa, el de Interior y los comandantes del Ejército y la Policía”, explica Santoyo.

"Animo a las autoridades colombianas a llevar a cabo una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre los actos de violencia, el uso indiscriminado de la fuerza, la violencia sexual y las privaciones arbitrarias de libertad contra manifestantes pacíficos. Los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia", ha declarado mientras tanto, desde el Parlamento Europeo, María Arena, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, en un comunicado. 

También desde el Servicio Europeo de Acción Exteriorha habido  una condena a la violencia y un llamado al diálogo, pero no se ha puesto en duda la confianza en las instituciones colombianas para esclarecer los hechos.  

Y cabe recordar que, para que haya sanciones en el marco de los instrumentos de derechos humanos, debe haber informes internacionales. Una decisión así -como en el caso de Nicaragua y Venezuela- debe pasar por el Consejo que reúne a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Esta no es la primera denuncia que llega a La Haya desde Colombia. Entre 2017 y 2018, organizaciones de la sociedad civil europea y colombiana denunciaron ante la CPI los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, en su mayoría impunes.

En ese contexto, "hasta que no se acepten estas reivindicaciones del Paro Nacional y no se pase por esclarecer las responsabilidades políticas y judiciales de lo sucedido, es decir de la muerte y la represión que hemos vivido estos días, no hay diálogo posible en Colombia", dice a DW Miguel Urbán Crespo, eurodiputado del bloque de La Izquierda, muy crítico en relación con el Gobierno de Colombia.

La UE apoya la Justicia Especial, ¿y qué más?

Por otro lado, en su opinión, que la UE se ratifique en su confianza en las instituciones colombianas para esclarecer los crímenes es una broma de mal gusto. ¿Por qué? "Porque son las mismas autoridades colombianas las que están cometiendo esos crímenes contra su pueblo. Y porque la misma UE financia programas de apoyo a la justicia transicional, porque en Colombia ha reinado por mucho tiempo la impunidad, también hacia los crímenes de Estado", afirma Urbán Crespo, recordando los "falsos positivos".

Por su parte, María Arena, insiste en que "Colombia, como cualquier país del mundo, tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. También tiene la obligación de garantizar que los manifestantes pueden ejercer sus derechos civiles y constitucionales como ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica y de manifestación. Las autoridades deben garantizar este derecho fundamental a la protesta y al mismo tiempo instruir a las fuerzas de seguridad para que muestren la máxima moderación en el uso de la fuerza contra ciudadanos pacíficos."

Como consecuencia del incumplimiento de los Acuerdos de Paz -de los cuales la UE es garante-, "no se han reformado los estándares de la fuerza pública. Desafortunadamente, el manejo de la protesta social del actual Gobierno es de orden militar y trata a la población civil movilizada como 'terroristas'. No ha habido reformas de las fuerzas públicas para la paz", acota César Santoyo.

Dado que la militarización pone en riesgo a comunidades enteras, concluye  Santoyo, "necesitamos que esa misión de observación de la CPI se configure lo antes posible y que quede claro que clamamos por el apoyo de la Unión Europea para esta misión, más allá de la diplomacia del Estado colombiano." (rml)