El hecho de que niños y jóvenes sean objeto de violencia sexual en América Latina y el Caribe no es inusual. Lo extraordinario es que un mandatario se pronuncie al respecto. Y en lo que va de año, dos presidentes se han visto obligados a abordar la materia. El boliviano Evo Morales prometió (3.1.2017) convocar a un referendo para que sus compatriotas decidieran si la violación de menores debía ser castigada con presidio perpetuo o no. Una semana después, el colombiano Juan Manuel Santos se negó a apoyar un plebiscito similar en su país (12.1.2017), propuesto poco después de la violación y el asesinato de una niña de siete años en Bogotá (4.12.2016). En todo caso, a favor o en contra de la cadena perpetua, se alude más a la punición que a la prevención. DW habló sobre este tópico con José Bergua, asesor regional en protección de la infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Deutsche Welle: ¿Qué delitos abarca la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes?

José Bergua: Ese término abarca todos los actos de naturaleza sexual en los que estén involucrados niñas, niños y adolescentes. Desde aquellos consumados a la fuerza hasta los que tienen lugar sin coacción física ni psicológica con una persona que no ha alcanzado la edad de consentimiento para el trato carnal; esa edad la establece soberanamente cada país en su legislación y oscila entre los doce y los dieciséis años. En este caso se habla de violencia sexual cuando ha habido violación, abuso, acoso, lenocinio –mediar para que terceros tengan contacto sexual–, estupro –recurrir al engaño o aprovecharse de la propia posición de superioridad, cualquiera que ésta sea, para tener relaciones sexuales con un adolescente–, participación en la producción, distribución o consumo de pornografía infantil y otras formas de explotación sexual con fines de lucro.

¿En qué países de América Latina y el Caribe es más prevalente ese tipo de violencia?

Sólo podemos ofrecer aproximaciones porque nuestras fuentes de información –encuestas y registros oficiales– son disímiles y tienen limitaciones; pocos hablan abiertamente sobre conductas castigadas y temas tabú como el de la sexualidad… El porcentaje anual de la población femenina entre los 15 y los 19 años de edad que participa en actos sexuales contra su voluntad oscila entre el 2 por ciento, en Paraguay –la cifra más baja de la región–, y el 11 por ciento, en Jamaica. Haití y República Dominicana siguen a Jamaica con el 10 y el 8 por ciento, respectivamente; las jóvenes del Caribe son las víctimas más numerosas del subcontinente. Aunque la incidencia de este problema es mucho mayor de lo que indican los casos conocidos, se estima que la media regional anual es del 4 por ciento: cerca de 1.100.000 adolescentes son víctimas de violencia sexual cada año.

¿Qué factores hacen posible la perpetuación de esa situación?

El fenómeno de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es complejo. Algunos factores que lo propician son el alto grado de impunidad, la progresiva tolerancia de las relaciones sexuales consentidas por los jóvenes a medida que estos se acercan a la edad de consentimiento, la relativa tolerancia de los abusos que no llegan a ser actos sexuales consumados, la generalizada noción de que nadie debe inmiscuirse en los asuntos privados de una pareja o una familia, la naturalización de la violencia en la sociedad y en el hogar, la desintegración familiar y el hacinamiento, el hermético silencio en torno a casi todo lo relacionado con la sexualidad y, aunque parezca contradictorio, la cosificación de las mujeres en general como mero objeto de placer para los hombres y la temprana proyección social de las niñas como seres sexualizados.

Otros elementos que fertilizan el terreno para que prospere la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes son la escasez de recursos estatales destinados a prevenirla, la falta de preparación de las instancias pertinentes para lidiar con las denuncias y la repetida estigmatización de quienes denuncian los abusos… Entre los hallazgos más importantes de los estudios de Unicef está, por un lado, que las niñas superan considerablemente a los niños en vulnerabilidad y disposición para denunciar actos de violencia sexual, y, por otra parte, que en la mayoría de los casos los perpetradores son personas cercanas a la víctima; sólo un 15 por ciento de ellos son desconocidos. Digo que ese es un dato valioso para Unicef porque nos indica dónde debe ponerse énfasis al implementar programas de prevención.

¿Qué estrategias ha propuesto o implementado Unicef para poner coto a esa forma de violencia?

Hemos concebido campañas y ejercicios de movilización y sensibilización social para hacer visible la prevalencia del fenómeno y las secuelas que éste deja en las vidas de las víctimas. Como muestra, la campaña Break the silence, diseñada para el Caribe anglófono. También hacemos investigaciones y apoyamos a los Gobiernos de la región en el proceso de recolección de información y generación de datos con miras a entender mejor la problemática. Luego están los programas de capacitación de agentes policiales, médicos y docentes para que sepan reconocer signos de violencia sexual y manejar los casos con la sensibilidad necesaria una vez que las víctimas han decidido denunciarlos. También empoderamos a los niños para que conozcan sus cuerpos y sus derechos, y, pese a la resistencia cultural, promovemos la optimización de la educación sexual en las escuelas.

¿Endurecer leyes y penas contra la violencia sexual contribuye a solucionar el problema?

Unicef trabaja directamente con familias para promover una disciplina en el hogar que no sea violenta ni sexista y coopera con Estados en materia judicial y legislativa con miras a combatir la impunidad y reformar las normas cuando éstas presentan vacíos o son inadecuadas para responder al fenómeno en cuestión. En ese sentido, Unicef ve el endurecimiento de penas como una medida inmediatista y simplista que ciertos gobiernos suelen tomar cuando tienen lugar casos escabrosos que escandalizan a la opinión pública, pero que no resuelve un problema tan complejo como el de la violencia sexual. Las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos y punto. Lo que los Estados deben hacer es cerciorarse de que se apliquen las penas ya existentes. Si prospera la impunidad es porque hay otras deficiencias por superar.