“Cuando se habla de que abusaron sexualmente de 53 niñas menores de 14 años y luego vendieron los videos, hay que entender que es sólo uno más de todos los delitos que militares estadounidenses han cometido en distintos rincones del país”, explica a DW Adriana Benjumea Rúa, directora de la corporación colombiana de justicia de género Humanas.

En el marco de la lucha antidrogas, un acuerdo con Estados Unidos llevó entre 2003 y 2007 a un aumento de presencia de militares estadounidenses en el país. En el informe que los doce expertos de la “Comisión Histórica del Conflicto” presentaron en La Habana en febrero de 2015 –en el marco de los diálogos de paz- se habla de comportamientos aberrantes por parte de miembros de las tropas estadounidenses. También del de los otros actores armadas del conflicto.

De altísima gravedad

“Aunque en este caso no se trata de un ataque sistemático y generalizado –como otros en Colombia por parte de actores legales e ilegales- su gravedad es altísima. Ha sido cometido por aquellos que tienen el deber de protección de la población civil, en este caso de la mujeres”, dice a DW, por su parte, Claudia Mejía Duque, directora de la corporación Sisma Mujer.

Otro agravante de este caso es que los perpetradores, debido a los acuerdos bilaterales, gozan de inmunidad diplomática en el país donde estuvieron destinados. “La jurisdicción nacional no puede hacer investigaciones; eso sólo lo puede hacer Estados Unidos”, puntualiza. Al respecto, las autoridades estadounidenses pertinentes se pronunciaron a favor del esclarecimiento de los hechos.

Independientemente de eso, “ Colombia ha optado por las indemnizaciones: una cantidad de dinero que se les da a víctimas que han declarado haber sido objeto de violencia sexual en el marco del conflicto armado. No está mal, pero estamos lejos de los estándares internacionales que garantizan a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”, acota Benjumea.

Según informa la página gubernamental de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, entre 1984 y 2015 se han registrado 7.175.718 víctimas. De ellas 10.393 habrían sido objeto de violación a su integridad sexual.

Un informe incompleto

Tanto los abusos cometidos por tropas extranjeras como también los ataques por parte del Ejército colombiano y las milicias de las FARC fueron incluidos en el informe mencionado anteriormente.

“El informe aún no está completo. La magnitud de los sucedido con las mujeres y las niñas en el marco de este conflicto armado no está incluida”, se afirma en una carta que firman 28 organizaciones de derechos de género, entre ellas, Sisma Mujer y Humanas.

“Si bien se abordaron elementos que permiten comprender la dimensión de la tragedia, carece de profundidad en cuanto a la discriminación a las mujeres en las raíces de esta guerra y al efecto devastador de la violencia en las mujeres y sus comunidades”, apunta Mejía. "Es el crimen más grande, porque es el más silenciado”, añade.

Buenas intenciones, ¿pocos hechos?

Ambas especialistas no ponen en duda la buena intención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este se pronunció inmediatamente de hacerse público el caso, y anunció una búsqueda activa de las víctimas.

“Nos parece muy importante que la institucionalidad colombiana dé la cara”, apunta Benjumea. “Pero basándonos en lo que ha pasado con denuncias anteriores, podemos predecir que tendrán que pasar todavía muchos años para que esas víctimas consigan justicia en este país”, concluye.