Decenas de miles de personas salieron a las calles este sábado (28.11.2020) en toda Francia para protestar contra un controvertido proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en una jornada empañada por choques entre manifestantes y policías en París.

Según cifras del Ministerio del Interior, un total de 130.000 personas se volcaron a las calles en todo el país, pero de acuerdo con un conteo realizado por los organizadores de la denominada "Marcha de las Libertades", fueron al menos 500.000.

La mayoría de las manifestaciones contra este texto, que restringiría el derecho de filmar a la policía, se desarrollaron en calma, pero en París estallaron violentos enfrentamientos al caer la noche.

Grupos de manifestantes, vestidos de negro, prendieron fuego a la entrada del Banco de Francia y a un restaurante adyacente, volcaron e incendiaron varios vehículos, y lanzaron piedras y palos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, condenó "violencias inaceptables contra las fuerzas del orden". El ministro señaló en Twitter que 37 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, que se saldaron con al menos 46 detenciones.

El mayor rechazo es hacia tres artículos del proyecto de ley Seguridad global que recibió la luz verde de la Asamblea Nacional la semana pasada, y que enmarca la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones así como imágenes de las fuerzas del orden tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles.

"Es el pueblo de la libertad que marchó por toda Francia para decirle al gobierno que no quiere su ley de Seguridad global, que se niega a la vigilancia generalizada y a los aviones teledirigidos, que quiere poder filmar y retransmitir las intervenciones de las fuerzas de policía", dijeron los coordinadores de las protestas en un comunicado.

El artículo 24 del texto centra la mayoría de las críticas, pues castiga con un año de cárcel y multas de hasta 45.000 euros (54.000 dólares) la difusión "malintencionada" de imágenes de las fuerzas del orden.

El gobierno alega que pretende proteger a la policía de llamados al odio y a muerte en las redes sociales, pero sus detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes, si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.

gs (afp, efe)