Culmina juicio contra expresidente salvadoreño Antonio Saca
30 de agosto de 2018
El 12 de septiembre se dictará sentencia por la malversación de más de 300 millones de dólares, con una pena que puede llegar a los diez años de prisión.
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El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) y seis de sus colaboradores se enfrentan a hasta diez años de prisión por la malversación de más de 300 millones de dólares. "Ha culminado el desarrollo de la presente audiencia", dijo el juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia, José Luis Gianmattei, quien anunció que el fallo por los cargos de peculado y lavado de dinero se dará el próximo de 12 de septiembre a las 14:00 hora local (20:00 GMT).
Los tres jueces del tribunal deberán decidir si imponen una pena de 10 años de prisión a Saca o una menor, dado que el exmandatario enfrentó un "juicio abreviado", y si se deberán devolver los más de 300 millones desfalcados o solo los 25 que pedía inicialmente la Fiscalía. Esta modalidad de juicio permite a los imputados obtener una pena leve a cambio de confesar sus delitos y prescindir de cualquier prueba de descargo, pero la legislación salvadoreña deja a los juzgadores la opción de imponer una sentencia menor.
Lo mismo deberán decidir en los casos del exsecretario privado Elmer Charlaíx y del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga, quienes pactaron penas de 10 y 6 años, respectivamente. El acuerdo incluyó penas de 5 años para los exsecretarios de Comunicaciones César Funes y de Juventud Julio Rank, mientras que para el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera son 3 años.
La pena más alta solicitada por los fiscales fue contra el exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, a quien pidieron condenar a 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero por no aceptar un trato como el resto de imputados. Gómez, quien fue el único de los imputados en usar la "última palabra", aseguró a los juzgadores que es inocente, que solo tramitó pagos ordenados por el entonces presidente pensando que eran legales y pidió ser absuelto de los cargos.
"Quiero decirle a mi familia y al pueblo salvadoreño que no les fallé", dijo el imputado, señalado por la Fiscalía de sacar más de 170 millones de dólares en efectivo de cuentas bancarias. La defensa de los imputados pidió entre la tarde del martes y la tarde de este miércoles, en los "alegatos finales", que el tribunal no emita una condena por "responsabilidad civil".
LGC (EFE/LaPágina)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.