Dos meses después del asesinato de la activista y líder indígena hondureña Berta Cáceres, el consorcio alemán Voith Hydro -formado por las empresas Voith y Siemens y que participaba en un proyecto energético en Honduras- anunció la suspensión del contrato de suministro firmado con la compañía hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), encargada de la construcción de una central hidroeléctrica en el río Gualcarque. Según las autoridades, uno de los cuatro sospechosos de haber participado en la muerte de Berta Cáceres es el gerente de DESA, Sergio Rodríguez Orellana.

DW: ¿Qué responsabilidad tiene el consorcio Voith Hydro en la muerte de Berta Cáceres?

Tomás Gómez: Para empezar, el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca es ilegal e ilegítimo. Ilegal porque fue un proyecto corrupto, aprobado tras un golpe de estado, y en el que los responsables sobornaron a los alcaldes y personas encargadas de autorizar la puesta en marcha del proyecto. Ilegítimo porque no se realizó una consulta previa libre e informada.

Creemos que Voith Hydro es culpable porque, cuando nos reunimos con los responsables de Siemens, les informamos de que estaban colaborando con una empresa ilegal e ilegítima que pagaba a sicarios para que asesinaran a compañeros.

¿Ustedes se reunieron con dirigentes de Voith Hydro dos años antes de la muerte de Berta Cáceres?

Si. En marzo de 2015 me reuní en Múnich con los encargados de aprobar el suministro de turbinas, generadores y para el proyecto hidroeléctrico. Una organización ecuménica organizó la reunión a la que asistimos un compañero de la organización Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Una vez allí les preguntamos cómo era posible que estuvieran suministrando tecnología a una empresa asesina y participando en un proyecto que ha generado conflicto y varios asesinatos. En aquel entonces ya habían muerto Tomás García Domínguez y Paula Domínguez. Después de nuestra visita murieron otros tres habitantes de la comunidad de Río Blanco a los que previamente trataron de comprarles sus tierras, necesarias para la aprobación del proyecto. Estos compañeros asesinados tuvieron previamente conocimiento de una lista de aproximadamente 20 personas, entre ellas miembros de la comunidad y tres coordinadores del Copinh: Aureliano Molina, Berta Cáceres y yo. Esta lista se la pasamos a los dirigentes de Voith Hydro con los que nos reunimos. Queríamos parar el proyecto para que Siemens y Voith no fueran cómplices de ningún asesinato.

¿Por qué decidieron suspender el suministro ambas empresas el 4 de mayo de 2016, dos meses después de la muerte de Berta Cáceres?

Son dos empresas hipócritas. Sus dirigentes ya conocían la situación y la complejidad de los conflictos de Río Blanco. En aquel momento les dijimos que Voith Hydro sería responsable si nos ocurría algo. Ahora han decidido echarse atrás porque han visto que las amenazas que nosotros denunciábamos eran ciertas. Entre los detenidos se encuentra Sergio Rodríguez Orellana, gerente de Desarrollos Energéticos (DESA) –responsable de la planta hidroeléctrica de Agua Zarca-.

Antes de morir Berta había puesto más de 30 denuncias en el Ministerio Público y, puesto que en este país la Justicia no funciona, hizo públicas todas las denuncias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenía conocimiento de todas estas denuncias. Creemos que ahora que Berta ha muerto y los responsables han sido detenidos, Voith y Siemens deciden echarse a un lado mientras siguen las investigaciones. Desde Copinh lo que queremos es responsabilizar a estas empresas por su participación en el asesinato de Berta.

¿Qué tipo de responsabilidades le exigen ustedes a estas empresas?

Exigimos que reparen los daños ocasionados tanto por el desprestigio al Copinh y al pueblo lenca, como por el impacto medioambiental generado en la comunidad de Río Blanco-Intibucá.

¿Por qué cree que han decidido suspender el suministro ahora?

Sobre todo por el miedo al desprestigio y las pérdidas económicas que han podido provocar las discusiones sobre el asesinato de Berta en los parlamentos europeos y estadounidense. Estas empresas alemanas pueden perder mucho más que los ocho millones de euros del proyecto. Temen que su imagen internacional quede dañada.

Tomás Gómez es el coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).