No han podido esconderlo más. Las calles casi vacías los fines de semana, las aulas que se van quedando sin estudiantes, y los salones de los aeropuertos repletos hablaban por sí solos. La pasada semana la Asamblea Nacional ha tenido que reconocer lo que todos sabíamos: la población residente en Cuba no supera los 10 millones de personas, una caída del 10,1% con respecto a los residentes en 2020.
El número podría ser incluso más alarmante, dado que muchos de los que han emigrado en los últimos meses todavía son considerados residentes en el país. La edad y formación profesional de los que se van también representa un duro golpe a la envejecida, y devaluada profesionalmente, masa laboral de la isla. En los principales sectores faltan ingenieros, médicos, maestros y especialistas que no pueden ser reemplazados a corto ni mediano plazo.
Cada vez es más común ir a un hospital y enterarse de que el cirujano ha emigrado con el parole humanitario que implementó Estados Unidos desde inicios del año pasado, o conocer, de primera mano, la cantidad de plazas vacías en la Unión Eléctrica de Cuba debido a que muchos de sus técnicos se han nacionalizado españoles a través de la Ley de Memoria Democrática. El panorama se repite en universidades, industrias, centros científicos y hoteles.
Además del éxodo, en el decrecimiento poblacional ha influido la baja natalidad, marcada, en parte, por la decisión de muchas parejas jóvenes de esperar a salir de la Isla para fundar una familia. Según un estudio independiente realizado por el reconocido economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos, hecho público por la agencia EFE, actualmente la población cubana sería, en realidad, de 8,62 millones de personas. Ese número parece más cercano a la realidad que muestran los hogares y los espacios públicos cada vez más vaciados de los seres que le dan vida y sentido.
En las mismas sesiones del Parlamento donde se informó de la caída demográfica, se expuso el listado de descalabros, incumplimientos y datos negativos de la economía nacional. Para quienes desde sus casas seguían las aburridas reuniones de unos diputados que no cuestionan a ningún ministro y siempre votan por unanimidad cualquier legislación que "baja” desde la cúpula del poder, aquel rosario de penurias se traducía en una frase lapidaria: "De aquí hay que irse, y cuanto antes mejor”.
Ningún parlamentario o funcionario logró insuflar nada parecido a una esperanza de que el país va a mejorar en los próximos meses o años. Ninguna de las normativas aprobadas en la Asamblea apuntan a que Cuba se encaminará por una senda de apertura económica y política que ayude a aliviar la crisis y a proveer a sus ciudadanos de una existencia más digna. En lugar de eso, los máximos líderes del Partido Comunista volvieron a blandir el gastado discurso del enemigo, amenazaron con un uso más estricto del aparato judicial y la emprendieron contra las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que se han dejado llevar por la ley de la oferta y la demanda en los precios de los productos que comercializan.
Todas las señales que envió el Parlamento fueron de más control, mantenimiento de la empresa estatal socialista como núcleo principal de la economía cubana y cero tolerancia ideológica. No es de extrañar, entonces, que en las próximas semanas y meses la cifra de emigrantes siga creciendo y numerosos emprendedores rematen sus negocios, hagan sus maletas y se vayan con su talento a otra parte. No se puede convencer a una población de que se quede en un país a la deriva.
Para cuando acabe el siglo XXI, habrá apenas 5.577.280 cubanos residiendo en el país, más de un 50% menos que ahora, según un informe de perspectivas demográficas de la ONU. La falta de expectativas de desarrollo y la tozudez política de unos pocos podrían llevarnos a ese punto.
(cp)