Me gustaría invitarlo a un ejercicio mental acerca del sentido y el sinsentido de la prohibición del cannabis. Imagínese que va a comprar alcohol a un supermercado, pero allí solo hay estantes con botellas vacías, sin etiquetar. En el mejor de los casos, las formas de las botellas y el color de los líquidos indican qué hay dentro. Tal vez se trate de un whisky de 20 años de antigüedad, o tal vez de una cerveza rancia, o incluso una bebida casera con alto porcentaje de alcohol que puede provocar ceguera. Además, el supermercado está ubicado en uno de los lugares más oscuros y peligrosos de la ciudad.

Es evidente que esta forma de comercialización no le sirve a nadie, ni a la salud de la comunidad, ni a la protección de los jóvenes en particular. Pero algo similar pasa con la situación de los consumidores de cannabis. Según encuestas, en Alemania cerca de una de cada tres personas ha consumido drogas ilegales al menos una vez en su vida, y el cannabis es, por mucho, la más ampliamente difundida. Sin embargo, durante mucho tiempo, una legislación obsoleta ha obligado a cualquiera que quiera fumar marihuana a comprar suministros en un mercado negro criminal y opaco: cero control sobre la calidad, sobre el contenido de ingredientes activos, mezclas y excipientes, mientras que el crimen organizado se ceba con las ventas.

La guerra contra las drogas es una guerra contra los consumidores

A eso se suma la amenaza de penalización. Y que esa no es una amenaza vacía lo demuestra el último informe sobre los delitos relacionados con drogas de la Oficina Alemana de Investigación Criminal. De alrededor de 400.000 delitos registrados vinculados con drogas, un 75 por ciento son "delitos relacionados con el consumo”. Esas cifras muestran por sí solas que la guerra contra las drogas en Alemania es, sobre todo, una guerra contra los consumidores de drogas. Una guerra con considerables daños colaterales que no se puede ganar. Lo absurdo del objetivo de una sociedad libre de drogas se demuestra por el hecho de que las drogas están disponibles incluso en los países totalitarios, o en las cárceles. Los argumentos de la política de prohibición suenan como si los responsables políticos de la salud pública confiaran únicamente en la abstinencia en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones por el VIH. Esa es, sin duda, la mejor protección contra las infecciones. Pero casi nadie quiere vivir sin actividad sexual. La educación y la distribución de condones aportan más en ese sentido.

Por eso es una buena noticia que los negociadores de la futura coalición de gobierno en Alemania se hayan puesto aparentemente de acuerdo en legalizar el cannabis y regularizar su comercio. Era un paso esperado, ya que las posturas al respecto de Los Verdes, el Partido Demócrata Liberal (FDP) y el Partido Socialdemócrata (SPD), ya se habían acercado mucho antes de las elecciones generales. Esa decisión marcó el distanciamiento de los dogmas tradicionales y el reconocimiento de una realidad compleja. Y esta es que, a pesar de las prohibiciones, el consumo de marihuana es masivo, especialmente por parte de los jóvenes, a los cuales los defensores de la prohibición querían, en realidad, proteger con su política. Hace tiempo que el cannabis llegó al seno de la sociedad alemana. Una política sobre drogas moderna intenta manejar esa situación de manera inteligente. No criminaliza a los consumidores, los protege: trabaja por el esclarecimiento, ofrece ayuda en caso de necesidad. Ya que, naturalmente, el cannabis no está exento de peligros. Como cualquier otra sustancia poderosa, también el cannabis conlleva riesgos y efectos secundarios.

Pero las personas pueden aprender, a pesar de eso, a lidiar con esos riesgos, pueden adquirir competencia en el uso de drogas, al igual que la mayoría de las personas lo hacen con el alcohol, y también la mayoría de los consumidores con el cannabis. Esa competencia crece mejor en un entorno que no se caracteriza por tabúes y amenazas de castigo, que no condena a las drogas en general, sino que reconoce los peligros con una mirada sobria: reconociendo que también pueden tener aspectos positivos, como el disfrute, el conocimiento, el éxtasis, la sanación. De lo que se trata es de minimizar los riesgos.

La prevención se autofinancia

Por eso, el enfoque correcto no es solo despenalizar el consumo. Los consumidores de cannabis también deben tener una forma segura y legal de obtener esa sustancia. Como padre de tres hijos que soy, prefiero que sea el Estado o las empresas controladas por este las que comercien con esa droga, y no los miembros del crimen organizado. La misma legalización y la regulación del comercio con el cannabis generaría dinero para programas integrales de prevención y ayuda. Un reciente estudio de la Universidad de Düsseldorf ha calculado que los ingresos por impuestos al cannabis y el dinero que se ahorraría en procesos penales ascenderían a casi cinco mil millones de euros al año.

Legalizar el cannabis no es solo un problema de salud pública. Es, en esencia, una cuestión de derechos civiles. Una sociedad que ha hecho de la diversidad su lema también debe tolerar que alguien prefiera un porro a una cerveza luego de su horario de trabajo.

(cp/ms)