La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró este viernes (22.06.2018) en 212 los muertos en Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y denunció la existencia de una "violencia estatal" dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones.

"La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos", señala el informe de 97 páginas, presentado por la CIDH en un consejo permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

En él, constata un "uso excesivo de la fuerza" por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados y concluye que "el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia".

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril, tras la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social, luego derogada. El país centroamericano atraviesa desde entonces su peor crisis política y social en décadas, con una violencia sostenida que suma muertos prácticamente a diario.

El informe de la CIDH fue presentado este viernes por su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola. Se trata del documento final tras la visita que hicieron del 17 al 21 de mayo al país centroamericano para investigar la violencia.

La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente americano. Desde su visita a Nicaragua, la violencia se ha recrudecido, algo constatado y condenado este viernes por Urrejola.

Managua rechaza el informe, Caracas le apoya

Al consejo permanente extraordinario asistió el ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, que rechazó el informe. "Es subjetivo, prejuiciado y notablemente parcializado", dijo. "No es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso represivo y arbitrario de la fuerza", aseguró. El Gobierno de Venezuela respaldó su postura al considerar que ha sido elaborado con "falta de profesionalismo, imparcialidad y veracidad".

Urrejola expresó la "consternación" de la CIDH por las 212 "personas asesinadas" contabilizadas hasta el 19 de junio y aseguró que en su mayoría se trata de jóvenes. Asimismo, llamó al Estado nicaragüense a tomar medidas para impedir el uso de la fuerza letal para disolver manifestaciones. "Grupos paramilitares y terceros armados, actuando con la policía, han puesto en marcha una respuesta para disuadir la participación social de los manifestantes", dijo.

Durante la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas en el país centroamericano. Bajo presión, el Gobierno de Ortega cursó esta semana una nueva invitación para que la CIDH vuelva al país, una invitación también dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a la Unión Europea (UE).

La misión de la ONU llegará la semana que viene a Nicaragua, según avanzaron Abrao y Urrejola este viernes. El 3 de julio lo hará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un mecanismo de investigación internacional para el que la OEA y la CIDH obtuvieron la anuencia del Gobierno de Ortega.

La OEA mira (por fin) hacia Nicaragua

Con la presentación del informe de la CIDH, el consejo permanente de la OEA abordó este viernes por primera vez la situación en el país centroamericano. La organización panamericana y su secretario general, Luis Almagro, centrados desde hace ya más de dos años en la situación en Venezuela, han sido criticados por ello.

No fue hasta la reciente Asamblea General de la OEA, a principios de junio, cuando comenzó a tratarse la crisis nicaragüense ante la presión de opositores que se desplazaron a Washington y ante pronunciamientos de organizaciones como Amnistía Internacional.

Este viernes fueron varias las voces en el consejo permanente que pidieron mantener la crisis nicaragüense en ese foro. México anunció que próximamente presentará una propuesta a consideración, una vez realice consultas con otros países y la secretaría general. "La OEA no debe permanecer al margen de esta crisis, debe ser parte de la solución", manifestó el embajador chileno, Juan Aníbal Barría.

EAL (efe, dpa)

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