La naturaleza está por encima de la economía en Ecuador, según el referéndum que se llevó a cabo hace unas semanas en el país sudamericano donde la población decidió el futuro del Parque Nacional Yasuní. “El resultado de la consulta es histórico. Elpetróleo se queda en el subsuelo y se tienen que desarmar las instalaciones que nunca debieron ser construidas, sin que medie compensación económica alguna, sino simplemente por el respeto a la vida de los pueblos y la biodiversidad que existen en esa región”, indica a DW Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex ministro de Energía y Minas.

“Para los pueblos originarios de la región, el resultado de la consulta representa una importante victoria y un paso significativo hacia la protección de sus territorios ancestrales y la preservación de su forma de vida tradicional”, dice a DW Leonidas Iza Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

La ciencia recuerda que el rol de dichas poblaciones es clave en la lucha contra el cambio climático. “Hay evidencia de cómo sus prácticas de manejo pueden evitar la pérdida de los bosques, lo que pone de relieve su contribución para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad que enfrentamos, y la importancia de incluirles en la gestión de zonas de alta biodiversidad", afirma por su parte, en conversación con DW, Juan Pablo Sarmiento-Barletti, científico del equipo de gobernanza, equidad y bienestar del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR-ICRAF). 

Una victoria que se ha hecho esperar

Esta victoria para el planeta fue celebrada por la sociedad civil, que llevaba una década presionando para la realización de la consulta, tras el fracaso de la iniciativa propuesta Yasuni ITT de Rafael Correa de dejar de extraer petróleo a cambio de financiación internacional. “Se requería el visto bueno de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano que garantiza la vigencia y supremacía de la Constitución, los derechos y las garantías constitucionales”, recuerda a DW Tarsicio Granizo, Director de WWF Ecuador, agregando que a ello se le unía la de decisión política para revisar y aprobar la consulta.

Con ello concuerda Yvonne Yánez, responsable de la campaña de cambio climático, transiciones y economía verde de Acción Ecológica. “Ha demorado tanto por presión política del entonces presidente de la república y porque la Corte Constitucional ha tenido muchas dificultades en ir asumiendo los miles de casos represados”, explica a DW. No obstante, hay un hecho clave: “La nueva Corte Constitucional se distancia y asume una posición coherente como un poder del Estado que se encarga de ver cuando hay una violación al derecho Constitucional: en este caso, al derecho de las más de 750.000 personas que firmamos para que haya una consulta popular”, agrega.

Un resultado a aplicar

A pesar del furor inicial, declaraciones confusas por parte del gobierno ecuatoriano, teniendo en cuenta el rechazo de la propuesta en Orellana, lugar donde se ubica el Parque Nacional Yasuní, pusieron en duda la validez de dicha votación y su ejecución.

“Hay voces dentro del gobierno, por ejemplo, el Ministro de Energía y Minas, que dijo que la explotación continuará, violando y desconociendo expresamente el resultado de la consulta. Afortunadamente otros voceros del mismo gobierno han ratificado que acatarán los resultados de las consultas”, explica Granizo.

“El resultado de la consulta es, por mandato constitucional, de cumplimiento obligatorio, con pena de destitución a quien no lo cumpla”, recuerda Acosta, apuntando que “la consulta es nacional por tratarse de un tema de interés nacional”.

Un calendario en construcción

Mientras que algunas de las consecuencias de la consulta son inmediatas, otras tomarán más tiempo. “No se pueden firmar nuevos contratos, ni hacer nuevos pozos, eso ya es efectivo”, aclara Yánez. No obstante, la explotación de petróleo seguirá ya que se ha dado un plazo de un año y medio para cerrar, desmantelar y reparar los pozos. “Estamos esperanzados en que, por lo menos, en los 18 meses haya habido el cierre y el desmantelamiento. La reparación, la regeneración de la naturaleza, tiene otra temporalidad”, apunta Yánez.

A la espera de que se presente un plan de cierre y abandono, la ciudadanía va a velar porque este se cumpla. “La sociedad civil comprometida, que aglutina muchas agrupaciones, no solo los Yasunidos, está organizando una veeduría ciudadana, un observatorio ciudadano y diversos mecanismos y acciones de solidaridad internacional”, explica Acosta.

Igualmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) vigilará las consecuencias que el resultado de la consulta puede acarrear a otros bloques donde se está llevando a cabo la explotación petrolera. “Podría aumentar la presión sobre otras áreas que también son ricas en recursos naturales. Las empresas petroleras y otros actores interesados podrían redirigir sus esfuerzos hacia regiones no protegidas en busca de nuevas oportunidades de explotación”, alerta el presidente de dicha organización.