Hace un año, la noticia dio la vuelta al mundo. Ahora, un año después, el reclamo de que se haga efectiva la decisión adoptada en consulta popular empieza a resonar cada vez más fuerte en el continente. Decenas de personas del pueblo originario waorani, así como representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se movilizaron en la capital del país para exigir el fin de la actividad petrolera en su hogar, reserva de la biosfera de la humanidad. El 20 de agosto de 2023, el 58% de la población ecuatoriana decidió, en una consulta popular, que las reservas de crudo del bloque 43-ITT del Parque Nacional de Yasuní permanezcan en el subsuelo para siempre, lo que suponía la retirada, en el plazo de un año como máximo, de la industria petrolera en este sector de la Amazonía ecuatoriana.

“La fuerza de la oligarquía extractivista frena el cumplimiento del resultado de la consulta popular, que, de acuerdo a la Constitución, es de inmediato y obligatorio cumplimiento. El no cumplimiento es un duro golpe a la democracia y la seguridad jurídica”, asegura a DW Alberto Acosta, economista y activista.

“Desde Yasunidos emitimos un comunicado denunciando el flagrante incumplimiento de la voluntad popular expresada por la población ecuatoriana”, recuerda a DW Sofía Torres, vocera de ese colectivo ciudadano que lucha por la protección de Parque Nacional Yasuní. “Hasta la fecha solamente ha habido excusas y negativas por parte de los distintos gobiernos”, critica, apuntando que “en el gobierno de Guillermo Lasso se dijo de manera explícita que no se iba a cumplir la consulta, luego con el gobierno de Daniel Noboa se dijo que se iba a pedir una moratoria a la Corte Constitucional”.

Finalmente, esta acción no se llevó a cabo y el pasado mes de mayo se decretó la constitución de los miembros de una comisión para el cumplimiento de los resultados de la consulta. “El proceso de cumplir lo que mandó el pueblo debió empezar el 30 de agosto pasado. Recién el 8 de mayo de este año el gobierno conformó una comisión de alto nivel para empezar a diseñar dicho proceso”, complementa Acosta.

“Esta Comisión está integrada por seis organizaciones estatales, sin embargo, esta ha sido la primera intención del gobierno, de buscar el cumplimiento”, dicen a DW fuentes de la NAWE, la organización que representa al pueblo waorani. En una marcha realizada la pasada semana, presentó formalmente una petición de formar parte de dicha comisión, para que se tenga en cuenta “la voz de los afectados directamente y quienes son dueños del territorio”.

Incumplimiento voluntario

“Esa comisión se ha reunido 4 veces sin ningún avance significativo. En este punto se podría plantear la destitución del presidente de la República y las autoridades que no han dado paso al resultado de la consulta popular”, afirma Acosta, también exministro de Energía y Minas de Ecuador.

Una petición a la que se suma Yasunidos, ya que el incumplimiento “también tiene implicaciones penales, pues no estamos hablando de cualquier procedimiento, es una consulta popular que está por encima de la misma Constitución del Ecuador”, recuerda su vocera.

Justamente el pasado 20 de agosto, el gobierno presentó un documento de 300 páginas donde se establece la elaboración de una consultoría que determine la manera en la que se va a poner en práctica el resultado de la consulta popular. “No es más que una recopilación de la documentación que hemos ido pidiendo a las distintas instituciones públicas que deben dar cumplimiento a la consulta y tomar acciones concretas para cerrar el pozo, desmantelar las instalaciones del bloque 43”, considera Torres, recalcando que “no se da un cronograma aprobado y todavía no hay un plan actualizado”.

“Es una verdadera tomadura de pelo, un engaño mayúsculo”, asegura Acosta, lamentando que “ha faltado una acción más enérgica para hacer realidad el cambio civilizatorio que representa la decisión de suspender la extracción de petróleo, retirar los equipos y empezar a revertir la situación de territorio de sacrifico de la Amazonía”.

“El gobierno nacional ha dado señales 'tibias' para atender los resultados de la consulta popular porque no ha existido la voluntad política para poder conformar un equipo técnico eficiente que pueda responder a las decisiones del pueblo ecuatoriano”, explica a DW Cecilia Baltazar, congresista ecuatoriana, que forma parte del Comité de Parlamentarios de las Américas que van a lanzar este viernes (30.08) una investigación parlamentaria global para evaluar cómo progresa la salida de los combustibles fósiles en la Amazonía.

El evento, que se llevará a cabo en la Asamblea Nacional de Ecuador, tiene por marco esta investigación. “Se van a hacer 5 audiencias públicas: la primera va a ser en la COP 16 en Colombia y la segunda va a ser en la COP29 en Baku, este año, y las próximas tres el siguiente año. En el lanzamiento también se va dialogar con la comunidad waorani que ha sido ejemplo global en la lucha de defensa del territorio contra los combustibles fósiles”, avanzó Pablo Rodríguez Bothe, Coordinador para América Latina y El Caribe de la red.

Igualmente, la NAWE ha organizado una cumbre internacional por el Yasuní con actores académicos, científicos y la participación del Estado, “para que no solo se tome la parte técnica y se tomen acciones integrales como ambientales a sociales”. La intención es que  aborde “qué pasa con el territorio, con las comunidades, una vez se cierra el bloque petrolero”, apuntan fuentes de la NAWE.

Por su parte, desde Yasunidos seguirán haciendo presión para conseguir el cumplimiento de los resultados de la consulta popular. “Sería un nefasto precedente para la democracia directa, para la organización social y también para el hito histórico no solo nacional, que la sociedad civil se haya organizado para una consulta para dejar el petróleo bajo tierra y que, un año más tarde, no se haya hecho absolutamente nada para cumplir ese mandato popular”, dice la vocera.   

En este sentido, Acosta recordó que tampoco se está aplicando el resultado de la consulta popular en cuanto a la prohibición de la minería metálica en el Chocó-Andino. “Algo que ya ha sucedido con otras consultas populares en la provincia del Azuay: cantón Girón el año 2019 y cantón Cuenca, el año 2021. Todo esto debilita la institucionalidad democrática y jurídica del país. Pero, a su vez, alienta más y más las luchas de resistencia territoriales en contra de los extractivismos”, concluye.

(ers)