Desde hace algunos meses, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le reclama a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) mayores inversiones. Varios analistas coinciden en que se trata de una medida "desesperada" ante la crisis de abastecimiento del mercado local.

El gobierno español reaccionó de inmediato ante los fuertes rumores de nacionalización. "Cualquier agresión que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerada una agresión contra España", le advirtió este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo al embajador argentino, Carlos Bettini.

El conflicto en torno a YPF ha venido incrementándose en los últimos meses y desde fines de febrero seis provincias retiraron áreas que tenía YPF bajo su concesión: Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Salta.

También algunas declaraciones previas de funcionarios argentinos reforzaron la convicción española de que se estaba "hostigando" a la empresa.

"Si el camino es nacionalizar YPF, se nacionalizará. No descartamos ni afirmamos ningún curso de acción", dijo recientemente el jefe de Gabinete argentino, Juan Manuel Abal Medina, que señaló que la meta principal es garantizar que YPF "cumpla con lo que se comprometió".

En las últimas jornadas la tensión fue en aumento. Tras pasar varios días en Buenos Aires, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, logró que lo reciba el ministro de Planificación, Julio de Vido. Fue una reunión tensa según coinciden todas las fuentes.

La situación no sorprende

La situación no sorprende en YPF, una empresa acostumbrada a los vaivenes políticos. Todo esto ocurre a dos décadas de la ola de privatizaciones de las empresas públicas impulsada por el gobierno peronista de Carlos Menem (1989-1999).

Las principales reformas de YPF en el marco de la política privatizadora del menemismo se llevaron a cabo entre 1991 y 1992, cuando la compañía petrolera se convirtió en una Sociedad Anónima. En 1999 la español Repsol adquirió casi la totalidad de las acciones de la petrolera estatal argentina.

En marzo de 2011, la Justicia confirmó el sobreseimiento del expresidente y de su exministro de Economía Domingo Cavallo en una causa por presuntas irregularidades en el proceso de privatización de YPF. "Una mala administración no se traduce en la comisión de un delito", consideró la Justicia.

Cuando Menem la privatizó, habían pasado 50 años desde que Juan Domingo Perón, durante su primera y segunda presidencia (1946-1955) consolidara la nacionalización de los yacimientos y el monopolio estatal concentrado en YPF, cuya máxima expresión fue la inclusión en el artículo 40 de la Constitución reformada en 1949 de la cláusula que establece la "propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación" de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía.

El destino de YPF, cuyos orígenes obedecen al descubrimiento de petróleo en la provincia de Chubut, en 1907, vuelve a estar en el centro del debate político.

Los medios argentinos y españoles informaron sobre la intención del gobierno de Fernández de Kirchner de presentar un proyecto de ley en el Parlamento para "expropiar" YPF.

Inversiones, ganancias e importaciones

La iniciativa oficial, según la prensa, establece que el Estado se apropiaría de las acciones de la empresa distribuidas del siguiente modo: 100.145.077 "pertenecientes a Petersen Energía S.A. y sus sociedades afiliadas" y 96.558.291 "acciones pertenecientes o controladas por Repsol YPF S.A. en forma directa o indirecta".

Además de reclamar mayor inversión, la presidenta cuestionó el envío de ganancias de la empresa al exterior, mientras el Estado afronta un alto costo al importar crudo para abastecer el mercado interno.

Mientras España y la Unión Europea (UE), que no cuenta con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina, cerraron filas contra una posible nacionalización de YPF, Fernández de Kirchner no se pronunció al respecto. Algunos analistas señalan que la mandataria prefirió postergar cualquier anunció en vista de su presencia en la Cumbre de las Américas durante este fin de semana.

Pero el silencio, indican otros, también podría deberse a que aún no está definido el rol que cumplirán las provincias productoras de petróleo junto con el Estado argentino en un futuro modelo de gestión de YPF.

En Argentina, algunos medios destacan una encuesta on line del diario español ABC en la que pregunta "¿Qué medidas debe adoptar el Gobierno tras la nacionalización de YPF?". Los resultados arrojan que la mayoría está a favor de "respetar una decisión soberana de Argentina".

dpa/PK